Una de las medidas del Gobierno durante el COVID fue poner un tope del 2% en las actualizaciones de la renta de alquiler. Medida que ha seguido prorrogándose durante estos años hasta el punto de seguir vigente en la actualidad. Como consecuencia de ello, los arrendatarios ven afectadas sus economías al no tener el rendimiento esperado por no poder subir las rentas, mientras que tienen que hacer frente a la escalada de la inflación al igual que el resto ciudadanos.
Medidas planteadas en la propuesta de Ley de Vivienda
Pero esta no es la única medida intervencionista que se ha planteado en el mercado del alquiler. Se están debatiendo otras adicionales para incorporar en la nueva Ley de Vivienda que ahora se está negociando y donde se contemplan acciones como las siguientes:
- Congelar las rentas y las condiciones de aquellos contratos que venzan en los próximos seis meses y quieran una renovación
- Prorrogar un año más la limitación del 2% en la actualización anual de las rentas (se habla de que puede subir al 3%)
- Suspender durante seis meses de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.
- Limitar precios en áreas tensionadas.
- También se están poniendo encima de la mesa ideas híbridas que contemplan topes en los alquileres para “grandes propietarios” de viviendas, incentivos fiscales para los caseros particulares y todo ello condicionado en función de si están o no en áreas tensionadas de precios, cuya declaración depende de las comunidades autónomas.
Inseguridad para el inversión inmobiliario
La ley sigue en debate porque quedan muchas dudas en el aire: ¿Qué es un gran propietario? Por ahora dicen que es aquel con 10 inmuebles, pero ¿por qué no 8 ó 15? Lo mismo sucede con la identificación de las áreas tensionadas. Y que ocurre con aquellas viviendas que no han salido aún al mercado ¿pueden tener el precio de salida que el arrendatario desee?
Todas estas acciones e indefiniciones afectan al funcionamiento normal del mercado inmobiliario y supone ataque a la propiedad de los más de dos millones de arrendatarios que existen en España, lo que hace que más de uno se plantee llevar a cabo una reclamación patrimonial al Estado por las “no ganancias”, las cuales se estiman que están alrededor de 1200 euros de media al año.
Si la situación del mercado actual del alquiler tiene como problema de base la falta de oferta, acciones de este tipo solamente agravan el problema haciendo que los propietarios respondan de diferentes formas:
- Subida de precios en nuevos contratos.
- Retirada de viviendas del mercado del alquiler
- Proceder a vender las viviendas en lugar de alquilarlas para sacarlas más rendimiento.
Lo que está claro es que la inseguridad jurídica que estás acciones acarrean, desincentivan totalmente cualquier tipo de inversión en el medio y largo plazo y al final tanto propietarios como inquilinos están desprotegidos y no encuentran ninguna solución a sus problemas.
Dada la situación actual, un inversor debe saber cuáles son las zonas donde es mejor comprar para un posterior alquiler y también cuáles son las mejoras que interesa hacer a un inmueble en función del retorno que puede sacarle en función de la zona en la que se encuentre.
En Inmperson conocemos el estado de todos los barrios de Madrid y podemos ayudarte a sacarle el mejor rendimiento a tus patrimonio inmobiliario. Llámanos y te asesoraremos.
Información adicional:
El gobierno congela el precio de los alquileres.
Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler
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